Escucha al dirigente de los trabajadores subcontratistas del mineral El Teniente, Jorge Peña Maturana del sindicato SITECO.

Fuente: Entrevistas Express de www.radioplaceres.cl/

Por Noticiero Rural

Cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, iniciaron el lunes 6 de junio una caminata rumbo a Valparaíso para denunciar la falta de planteles estatales de educación superior en la sexta región.

Daniel Oteíza, Walter Medina, Héctor Saldías y Jorge Maturana, son parte de los estudiantes que tienen tomada la sede San Fernando de la UTEM desde hace más de  un mes y ante la falta de soluciones decidieron iniciar la marcha «Camina Chile» en defensa de la educación pública.

Los estudiantes están entrevistándose con los alcaldes de las comunas por las que pasan, con alumnos de colegios, organizaciones sociales y medios de comunicación para denunciar la falta de una universidad pública de calidad, propia de la sexta región.

 «Camina Chile» espera recorrer  los 260 kilómetros que separan San Fernando de Valparaíso en un plazo de 12 días y están convocando a una Velatón por la Educación el próximo 17 de junio a las 20 horas.

+ informaciones en http://www.caminachileelestudiantenosevende.blogspot.com/ , también en facebook Camina Chile

«Lo que se hace en Chile no es justicia sino que es una pantomima, porque con la Ley Antiterrorista no hay posibilidad alguna de alcanzarla», afirmó en su visita al país José Venturelli, portavoz del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-SE).

Por Pamela Sepúlveda Rosales

La norma a la que se refiere Venturelli fue la aplicada originalmente a los cuatro comuneros mapuches presos en una cárcel del sur, que este martes cumplen 70 días de huelga de hambre en reclamo de un juicio justo. 

Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, sentenciados a 20 años de prisión, y Héctor Llaitul, a 25 años, finalmente fueron enjuiciados por homicidio frustrado y robo de madera por una norma común. Pero se usó para ello la investigación que se había realizada en el marco de la Ley Antiterrorista. 

Otros 10 detenidos por el llamado «caso bombas» también llevaron adelante 65 días de ayuno este año para denunciar supuestos montajes con el fin de inculparlos por esta ley heredada de la dictadura (1973-1990), cuestionada también por aplicarse a menores de 18 años. 

A pesar de que fue modificada varias veces, sus críticos sostienen que aún conserva su espíritu represivo. «Se actualiza en términos que pareciera que la función represiva del Estado debe tener, además del derecho penal normal, un recurso ultra intenso indispensable», dijo a IPS el abogado Julio Cortés. 

Tal como está planteada, se viola el derecho a la presunción de inocencia y, por tal, no permite un juicio justo, según juristas. También permite aumentar la prisión preventiva, investigaciones judiciales secretas y limitar derechos de acusados, además de aplicar penas desproporcionales, pudiendo incluso doblarlas en comparación a un mismo delito juzgado por leyes comunes. 

Un grupo de jóvenes comunicadores nos comparte una semblanza del comunicador Marcelo Núñez, quien se encuentra procesado por tener al aire su radio comunitaria en la comuna de Paine.

Pamela Sepúlveda entrevista a la ambientalista chilena Sara Larraín.

El proyecto hidroeléctrico de HidroAysén, en la austral Patagonia de Chile, es un duopolio energético que deja fuera del mercado a los actores que quieren participar con otras fuentes de energía, afirma en esta entrevista la experta Sara Larraín. Pero la batalla apenas comienza, advierte.

HidroAysén está causando «una crisis de credibilidad en la institucionalidad y en (la figura del presidente) Sebastián Piñera», dijo a Tierramérica la ecologista Sara Larraín. 

Miles de chilenos se mantienen movilizados contra un proyecto que fragmentará seis parques nacionales, 11 reservas nacionales, 26 sitios prioritarios de conservación, 16 humedales y 32 áreas protegidas privadas, en la austral Patagonia y en otras siete regiones, según sus detractores. 

El 9 de mayo, la Comisión de Evaluación Ambiental de la sureña región de Aysén aprobó el megaproyecto HidroAysén, conformado por capitales españoles, italianos y chilenos, para construir cinco centrales hidroeléctricas patagónicas que generarían 2.750 megavatios, transmitidos por un tendido eléctrico que atravesará ocho regiones. 

Las protestas se multiplicaron en varias ciudades y movilizaron a más 30.000 personas en la capital, duramente reprimidas por la policía de Carabineros, con gases lacrimógenos y carros lanzagua. 

El gobierno del derechista Piñera apoya el proyecto por la necesidad de duplicar la producción de energía en los próximos años para sostener un crecimiento anual del producto interno bruto estimado en seis por ciento. 

Pero pese a la luz verde al plan, Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable y detenida y maltratada por la policía en las protestas, cree que apenas «estamos empezando la batalla». 

TIERRAMÉRICA: ¿Por qué la aprobación de HidroAysén causó tanto rechazo? 

SARA LARRAÍN: Porque afecta el corazón de la Patagonia chilena, una de las zonas patrimoniales más importantes de Chile, con cinco centrales eléctricas para generar de 2.700 megavatios y llevarlos por una línea de 2.000 kilómetros directamente a Santiago y a las mineras de la región de Atacama. 

William Phénix, es un periodista canadiense y se encuentra en nuestro país por una beca de intercambio para el perfeccionamiento de sus estudios y además está realizando un reportaje acerca de las radios comunitarias de las sexta región. Leer el resto de esta entrada »

En «Entrevistas Express» de radio Placeres, escuchemos al abogado Mauricio Daza, quien comenta los entretelones de como se ha ido construyendo el montaje en torno a los imputados del «Caso Bombas»

“No olvides nunca que los menos fascistas de entre los fascistas, también son fascistas.”

Roque Dalton

Por Andrés Figueroa Cornejo 

Foto: Mauricio Diaz / El Ciudadano 

8 meses de cautiverio y casi dos meses de huelga de hambre llevan los jóvenes prisioneros políticos acusados por lo jamás probado; por un régimen que mortifica con inquina brutal la disidencia de las ideas y las formas de vivir distintas a las que reproducen al disciplinado consumidor y al cliente manso.

Como resumen del odio de la minoría mandante que organiza la miseria en Chile, el mal llamado “Caso Bombas” resulta un paradigma, un modelo ejemplar que persigue atemorizar las manifestaciones de descontento social, criminalizar la protesta legítima, y acentuar las condiciones de un Estado policial en el país.

El miércoles 13 de abril, en la acostumbrada manifestación pacífica de  solidaridad de los familiares, amigos y personas de honda sensibilidad ante la situación de los prisioneros políticos, el centro de Santiago estaba copado de Carabineros y Fuerzas Especiales a lo largo de cuadras completas y bocacalles. Cualquier joven que pasara por allí en una de las horas punta de la Capital fue revisado por la policía. Y los que alcanzaron a cantar por la libertad de los prisioneros políticos fueron reprimidos dura e inmediatamente con gases y carros lanzaaguas. Se desconoce el número de detenidos  y heridos.

El día anterior se había realizado una actividad solidaria, esta vez en la Plaza Ñuñoa, y el lunes 11 de abril un grupo de muchachos logró encaramarse a una pasarela a varios metros de altura de la Alameda, en la Plaza Italia, donde desplegaron un cartel por los mismos motivos. Allí también hubo detenidos.

Las maniobras del presidente de la Corporación, Felipe Montt (agente privatizador) para enajenar el estatal Centro de Investigación Minero Metalúrgico –Tecnología y Servicios.

La vergonzosa colaboración de dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores Contratistas, CTC, y la Federación de Trabajadores CIMM T & S, FENATRACIMM, para “vender la prenda” contra los intereses de los trabajadores y el país.

Por Andrés Figueroa Cornejo

La matriz de CIMM T & S es el Centro de Investigación Minero Metalúrgico, CIMM, un centro de investigación cuprífero que nació a fines del gobierno de Frei Montalva. Su creación fue iniciativa del entonces, ministro Sergio Molina, en el contexto de la “Chilenización” del metal rojo (51 % propiedad estatal, 1969).

CIMM surgió como una corporación de derecho privado con fuerte respaldo estatal, con el objetivo de realizar investigación tecnológica al servicio de la explotación cuprífera del país. Durante el gobierno de la Unidad Popular cobró mayor fortaleza ante la nacionalización del cobre.
El consejo de la empresa hasta la decisión y  durante el proceso de venta, está conformado por personas ligadas al gobierno central, más el Instituto Chileno Minero.