Acaba de ser publicada la Ley 20.469 de modificación a la tributación minera, que podríamos llamar Royalty III y que tiene varias cosas en común con el Royalty II.

Por Julián Alcayaga O.

En lo formal, en ambos proyectos el gobierno logra en el Senado substanciales cambios al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, pero con la condición que dichas modificaciones sean votadas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados con suma urgencia, es decir sin posibilidad de modificar los acuerdos alcanzados.

Es precisamente gracias a esa suma urgencia que se introdujeron en el proyecto disposiciones que no habían sido acordadas con los senadores que participaron del acuerdo, lo que hace que la Ley 20.469 sea un engaño con relación a lo acordado con los senadores de la Comisión de Hacienda.

En el pasado, cuando se aprobó el Royalty II en mayo de 2005, nos habíamos referido a este tipo de engaño que tuvo lugar del modo siguiente: la directiva de la DC había sostenido que votarían contra el Royalty II si dicho impuesto afectaba a la mediana minería chilena. El gobierno de Lagos aceptó que una parte de la mediana minería no fuese afectada por este impuesto, pero exigió la suma urgencia para aprobar dicha modificación, negándole a los parlamentarios la posibilidad de enmendar dicho proyecto. El hecho es que la modificación incluyó la invariabilidad tributaria, -que no era parte del acuerdo con la directiva de la DC (Adolfo Zaldívar y Jaime Mulet)-, pero que fue votada por diputados y senadores gracias a la suma urgencia.

Durante los últimos meses mucho se ha especulado respecto de cuál será la política oficial del Gobierno en materia de Educación Superior. Si bien éste aún no ha presentado de forma explícita una propuesta sobre el asunto, no se puede desconocer que existen señales preocupantes respecto del destino de la Educación Universitaria Estatal en el país.